El desconcierto inicial se debió a la rapidez con la que el fuego devoró el local, dejando a los presentes sin saber qué había ocurrido. Los equipos de rescate encontraron once cuerpos entre los escombros. La investigación policial reveló que José Luis “N”, de 28 años, había sido expulsado del lugar por molestar a los asistentes. En represalia, regresó y prendió fuego al establecimiento. Fue detenido al día siguiente en el retén Cucapá, mientras intentaba huir de la ciudad, y rápidamente fue vinculado a proceso e ingresado al Cereso local. El alcalde Santos González Yescas, en una conferencia de prensa el 10 de julio, calificó al acusado como "desquiciado" y elogió la rápida acción de la Policía Municipal.
El 27 de julio de 2023, José Luis “N” fue trasladado a Hermosillo por razones de seguridad, y su proceso legal sigue abierto tras rechazar un procedimiento abreviado. El alcalde mencionó que las autoridades ayudaron a los familiares de las víctimas con la sepultura y otras necesidades inmediatas. “Nos da mucha tristeza a todos nosotros, pero lo más importante es que atrapamos al desquiciado que hizo este atroz crimen,” afirmó.
A un año de la tragedia, los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. Juan Francisco Encinas, padre de Víctor Hugo, uno de los fallecidos, ha sido una voz activa en la búsqueda de respuestas y responsabilidades. Encinas ha subrayado que, aunque José Luis “N” fue el incendiario, el desastre pudo haber sido causado por cualquier otro accidente debido a las condiciones irregulares del establecimiento. "Fueron 13 personas inocentes las que murieron por asfixia o fuego, y todavía nos sigue doliendo bastante, nunca se nos va a olvidar," expresó.
Encinas, de 68 años y trabajador del campo en Estados Unidos, señaló la importancia de la reparación del daño, especialmente para las familias que dependían de las víctimas. Su hijo Víctor Hugo, de 38 años, dejó atrás a una esposa y un hijo de solo un año, quienes ahora enfrentan un futuro incierto sin su apoyo.
La comunidad sigue en espera de justicia y de medidas que aseguren que una tragedia así no vuelva a ocurrir, mientras que las autoridades aún no han sancionado a ningún funcionario ni han ofrecido una reparación integral a las familias afectadas.
Fuemte: Tribuna de San Luis
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