En un reciente comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró que los cinco elementos de la Guardia Nacional detenidos con 50 mil dólares en efectivo y armas en la Comandancia de la Región de los Altos de Jalisco tienen su origen en la extinta Policía Federal y no en la Policía Militar. Esta aclaración surge luego de que los medios de comunicación y las redes sociales divulgaran el incidente, resaltando las acusaciones de falta de ética, indisciplina, y corrupción en estos agentes, lo que, según la Sedena, refleja la herencia negativa de la antigua corporación.
En una nota informativa de cinco párrafos, la Sedena enfatizó la responsabilidad de la extinta Policía Federal en la formación de estos agentes, quienes, según la dependencia, continúan arrastrando problemas de valores éticos y morales, junto con prácticas de corrupción. Este incidente alimenta la narrativa negativa que la administración actual ha asociado a la antigua corporación de seguridad.
A pesar de que la Guardia Nacional está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Sedena destacó que la detención y aseguramiento de los agentes fue resultado de una investigación interna de la propia Guardia Nacional. Esto se llevó a cabo como parte de sus controles y supervisiones, con el objetivo de prevenir actos contrarios a la ley, asegurando que se respeten los derechos humanos y se actúe conforme al derecho.
En representación de la Guardia Nacional, la institución militar expresó su compromiso de seguir colaborando con el Ministerio Público para resolver el caso y garantizar la transparencia y la justicia. La Sedena reafirmó que la corporación militarizada está comprometida a investigar a fondo el caso y a colaborar con las autoridades judiciales para que se tomen las acciones pertinentes.
La Sedena concluyó el comunicado subrayando su compromiso con la supervisión constante del desempeño de su personal, con el fin de prevenir conductas ilegales y asegurar que la institución de seguridad pública opere de acuerdo con los más altos estándares éticos y legales.
Fuente: Proceso
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